De qué trata el ‘Acuerdo del siglo’ de Trump para solucionar el conflicto palestino-israelí

el acuerdo del siglo

Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos ha develado por fin, su propuesta para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina, llamado el «Acuerdo del siglo». Lo ha hecho en compañía del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y sin ninún funcionario palestino presente.

Te contamos de qué trata el Acuerdo del siglo y cuáles son los principales puntos de la propuesta de Donald Trump.

El acuerdo del siglo de Trump para resolver el conflicto entre Palestina e Israel

El acuerdo tiene 6 aspectos a tratar:

  • Jerusalén y El Estado de Palestina
  • Fronteras
  • Asentamientos
  • Refugiados
  • Seguridad
  • Hamás

Jerusalén y Palestina

La propuesta contempla a Jerusalén como capital «indivisible» de Israel y agrega que la capital del Estado de Palestina debe estar ubicada en la sección de Jerusalén Este.

Asimismo, refleja que los «residentes árabes de la capital de Israel, Jerusalén, entre las líneas de armisticio de 1949 y dentro de la barrera de seguridad», puedan elegir entre ser ciudadanos de Israel, de Palestina o retener el estatus de residente permanente en Israel.

El Acuerdo del Siglo también señala que Jerusalén deberá ser reconocida internacionalmente como capital de Israel. Esto sería igualmente aplicable para Al Quds, según los términos especificados, como capital de Palestina, dónde Estados Unidos abriría una embajada.

Fronteras

El Acuerdo del Siglo

La delimitación de las fronteras evitaría el traslado forzoso de la población, responde a las necesidades de seguridad de Israel y garantiza una expansión territorial a los palestinos a través de territorios en el desierto del Negev. que supondría un territorio comparable en tamaño al que controlaban antes de 1967.

Cerca del 97% de los isarealíes que se encuentran e los asentamientos en Cisjordania quedarían en territorio israelí adyacente, cifra similar para los palestinos en Cisjordania que quedarían en territorio palestino.

La población palestina en enclaves del Estado palestino dentro del territorio de Israel, tendrán opción de quedarse, a menos que decidan lo contrario. Los enclaves y rutas de acceso quedarían en manos de las autoridades israelíes.

La soberanía del Valle del Jordán pasaría a manos de Israel, con el compromiso de negociar con el gobierno palestino, un acuerdo para que las empresas agrícolas propiedad o controladas por palestinos, puedan seguir operando allí con licencias de Israel.

El sistema de cruces fronterizos contempla que todas las personas y bienes que pasen por ellos hacia el Estado de Palestina, serán supervisados por Israel, que podrá permitir o denegar el acceso.

Israel sería responsable de la seguridad en los cruces internacionales, y en el caso del Rafá, en la frontera con Egipto, se acordarían acuerdos específicos con El Cairo.

Por último, Israel mantendría el control del espacio aéreo y el espectro electromagnético al oeste del río Jordán. Mientras, la armada israelí podría bloquear la entrega de «armas y materiales para la fabricación de materiales en el Estado de Palestina, incluída Gaza». De esta forma, Israel mantendría la soberanía de las aguas territoriales.

Asentamientos

Los asentamientos existentes en Cisjordania serían incorporados al Estado de Israel, que se comprometería a no construir nuevos asentamientos, expandir los existentes o aprobar planes para construcción en las zonas que serán parte del Estado de Palestino.

Israel no procederá a demoler estructuras existentes, una moratoria que no incluye «construcciones ilegales» ni aquellas que «supongan un riesgo de seguridad, según determine el Estado de Israel», o demoliciones de castigo por actos de terrorismo.

Refugiados

El acuerdo resalta que los países de la región tienen la «responsabilidad moral de integrar» a los refugiados palestinos y niega que Israel tenga que permitir su regreso a los territorios de los que fueron expulsados.

En este sentido, indica que el derecho al retorno de los refugiados «nunca ha sido realista» y agrega que «los refugiados judíos que huyeron de países árabes y musulmanes» se asentaron en Israel. «Israel merece compensaciones por los costes de absorber a refugiados judíos de esos países», arguye.

Los refugiados palestinos podrían elegir entre trasladarse al Estado de Palestina, con limitaciones; integrarse en los países de acogida, según éstos acepten; o acogerse a un plan para el traslado de 5.000 refugiados al año, durante diez años, a países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) que participen en el mismo.

Su traslado a Palestina estaría limitado a acuerdos de seguridad entre ambas partes y tener en cuenta factores como la economía.

Tras la firma del acuerdo de paz dejaría de existir el estatus de refugiado palestino y se pondría fin al mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con sus competencias trasladadas a los gobiernos competentes.

Seguridad

El acuerdo resalta que las partes deben poder hacer frente a los «desafíos de seguridad» y contempla una «coordinación cercana» entre Israel, Palestina, Jordania y Egipto, si bien recalca que el Estado palestino debe estar totalmente desmilitarizado.

De esta forma, resalta que «todo país gasta una suma muy significativa de dinero en su defensa de las amenazas exteriores» y destaca que «Palestina no tendría esta carga, que sería asumida por el Estado de Israel».

A su vez, Israel mantendría una «responsabilidad de seguridad predominante» del Estado de Palestina, con las fuerzas palestinas encargadas únicamente de la seguridad interna, de la lucha antiterrorista, seguridad fronteriza y respuesta a desastres, siempre y cuando no viole su estatus desmilitarizado ni derogue la «responsabilidad de seguridad» de Israel.

La propuesta indica que Israel mantendría «al menos una estación de alerta previa» en el Estado de Palestina, gestionada por las fuerzas palestinas encargadas únicamente de la seguridad interna, de la lucha antiterrorista, seguridad fronteriza y respuesta a desastres, siempre y cuando no violes su estatus desmilitarizado ni «derogue» la responsabilidad de seguridad de Israel.

Palestina no podría alcanzar acuerdos militares, de Inteligencia o seguridad con ningún Estado u organización que «afecte de forma adversa la seguridad de Israel» ni podrá desarrollar capacidades «militares o paramilitares» dentro o fuera de su territorio.

Tampoco podría unirse a organizaciones internacionales sin el consentimiento de Israel y debería retirar sus demandas contra Israel, Estados Unidos y los ciudadanos de estos países ante el TPI, la CIJ o cualquier otro tribunal, así como no recurrir a Interpol contra ellos.

Así, Palestina no podría tener «capacidades que puedan amenazar al Estado de Israel», mientras que Israel tendría derecho a «desmantelar o destruir» instalaciones sutilizadas para producir armas o con «propósitos hostiles», así como para adoptar medidas de seguridad para mantener Palestina «desmilitarizada».

Hamás

El acuerdo señala que Estados Unidos «no espera que Israel negocie con ningún Gobierno palestino que incluya a miembros de Hamás, Yihad Islámica y grupos asociados», a menos que acepten de forma clara y explícita la no violencia y reconozcan al Estado de Israel.

Asimismo, Israel se vería comprometido con el acuerdo de paz «únicamente» si la Autoridad Palestina u otro organismo aceptable para Israel tiene control total de Gaza, las milicias se han desarmado y la Franja de Gaza está desmilitarizada.

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