El precio de la injusticia

Los presidentes que han gozado de una gran popularidad suelen olvidar el delicado equilibrio que implica el ejercicio del poder. Durante su campaña de reelección, Donald Trump ha vivido múltiples situaciones polémicas, como el reciente escándalo por sus impuestos y, por supuesto, su contagio de coronavirus. En este análisis, se explica por qué se debe tomar en serio la indignación popular que generan las evidencias de corrupción y privilegios, así como los peligros que esas situaciones entrañan para el orden democrático.

“Hemos cancelado nuestra boda”.

“Me tocó celebrar el funeral de mi hijo en Zoom”.

“Tuve que despedirme de mi madre por teléfono”.

“Pienso en mi primo autista que estaba enfermo de la COVID-19 y murió solo en su apartamento, unos días antes de la Pascua”.

Estas son algunas de las cientos de respuestas que tuvo en Twitter un video de funcionarios gubernamentales que estaban sin mascarillas y abrazándose durante un evento en la Casa Blanca. Se cree que en esa ocasión, el presidente Trump y otras personas se contagiaron de la COVID-19. Muchas de esas reacciones responden a la pregunta: “¿Qué piensas cuando ves esto?”, formulada por Don Moynihan, politólogo de la Universidad de Georgetown.

La indignación pública no solo se ha canalizado hacia la experiencia de las pérdidas sino que, de manera reveladora, también hablan de la injusticia.

Millones de estadounidenses se han sacrificado para cumplir con los lineamientos destinados a frenar la propagación del virus. Mientras tanto, según lo que se ve en el video, los funcionarios gubernamentales encargados de supervisar la mayor tasa de mortalidad del mundo parecieran vivir libres de esas restricciones. Aparentemente, los funcionarios asumieron que su acceso casi ilimitado a los kits de pruebas rápidas, que están fuera del alcance de muchos estadounidenses, les brindaba algún tipo de protección especial.

El gobierno de Estados Unidos se equivocó al concluir que esas pruebas lograrían que sus funcionarios no tuviesen que usar cubrebocas o renunciar al contacto social: incluso Trump se enfermó. Sin embargo, esto no cambia que se llegó a creer que se podían evitar las dificultades que soporta el resto del país, incluso cuando Trump minimizó esas mismas dificultades e instó a una reapertura agresiva que, de muchas maneras, empeoraría la situación.

El hecho de que Trump haya expuesto al virus a muchas personas que no tenían acceso a las pruebas rápidas diarias parece subrayar el sentido de que existe un conjunto de reglas y riesgos para la élite, y otro para el resto de las personas.

Esa indignación se profundizó cuando Trump fue trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para ser sometido a tratamientos experimentales que tampoco están disponibles para la mayoría de los estadounidenses. Podría haber generado una reacción menos violenta (después de todo, los presidentes reciben la mejor atención médica en virtud de su importancia para el país), si Trump no hubiese pasado meses promocionando dudosos tratamientos médicos que, según dijo, permitirían una reapertura más rápida y que ahora, de manera evidente, no está siguiendo.

Podría parecer incongruente que esa sensación de injusticia desencadene tanta ira, especialmente si tomamos en cuenta las más de 200.000 muertes confirmadas en Estados Unidos, una cifra mucho más tangible. Pero este es un hallazgo constante en los estudios de otro tipo de reacción política que no es tan diferente: la reacción contra la corrupción del gobierno.

Pensemos en Brasil, donde la rabia generada por la desigualdad y el malestar económico estuvo latente por mucho tiempo hasta que finalmente estalló en protestas masivas cuando se divulgó que los altos funcionarios aceptaron sobornos durante años. A muchos brasileños, el incidente les dolió no porque estuvieran especialmente preocupados por las empresas de construcción brasileñas que obtenían contratos gubernamentales mal habidos, sino por la impunidad.

Una escuela de pensamiento dice que la corrupción genera esa indignación y reacción popular no solo porque sea una manera de romper las reglas o desviar los dineros públicos, sino porque atenta contra un instinto humano fundamental de justicia, en la medida en que, para muchas personas, “corrupción” se refiere a la injusticia más que al robo o al incumplimiento de las normas.

Los politólogos Gal Ariely y Eric Uslaner definen esto como “la tesis de la injusticia” y han descubierto que, a menudo, la reacción contra la corrupción proviene de “percepciones acerca de que las élites se enriquecen con deshonestidad y logran un trato especial que no está disponible para la gente común”. Desde este punto de vista, la corrupción desencadena en las mentes de las personas una profunda sensación de que se les ha quitado algo fundamental, y eso las impulsa a reaccionar.

Y una gran desigualdad puede profundizar esta sensación de que el sistema está inclinado a favorecer a la élite. Finn Heinrich, analista de Transparencia Internacional, ha escrito que la corrupción oficial y la desigualdad económica pueden generar un ciclo de retroalimentación de la indignación pública que, en su opinión, alimentó gran parte de la ola populista de los últimos años.

Una vez que identificas este patrón, puedes verlo en todas partes. Solo en el último año, algunos de los mayores movimientos de protesta contemporáneos —en Líbano, Irak, República Checa, Bulgaria y otros lugares que se convirtieron en los escenarios de grandes crisis políticas— han sido desencadenados por revelaciones de corrupción pública. A menudo, al hablar con los manifestantes, pareciera que la injusticia es lo que los enardece más.

El hecho de que la Casa Blanca eluda los lineamientos de distanciamiento social no es, por supuesto, una forma de corrupción. Las revelaciones sobre la creativa contabilidad fiscal de Trump, que le permitió pagar solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta durante dos años seguidos, se acerca más a eso. Más allá de que las autoridades logren determinar si Trump ha infringido alguna ley, la sugerencia de un trato distinto y unas reglas que lo favorecen drásticamente encaja dentro de cómo se percibe la corrupción en general: una forma de injusticia sistémica que privilegia a la élite sobre todos los demás.

La percepción de una injusticia sistémica no es una simple abstracción emocional. También es un barómetro del grado en que ese sistema sirve o explota a millones de personas, lo que puede tener enormes consecuencias. Uno de los movimientos de protesta más grandes de los últimos años estalló en Corea del Sur en 2016 por acusaciones de corrupción presidencial que fueron, en comparación con los escándalos en otros países, relativamente leves. Pero surgió una ira más profunda por los asombrosos niveles de desigualdad del país y, en un incidente a menudo mencionado por los manifestantes, el hundimiento de un ferry en 2014 que mató a más de 300 personas.

El accidente se atribuyó a una regulación laxa por parte de funcionarios favorables a la industria. Podría decirse que esa es una forma de corrupción, aunque no está relacionada con acusaciones posteriores contra el presidente. Sin embargo, para los manifestantes, que se cree que eran millones, todo estaba relacionado.

Es posible que no fuera literalmente cierto que los surcoreanos murieron en el accidente de ferry porque el presidente quiso enriquecer a sus amigos. Pero si se analizan ambas situaciones como el resultado de la misma injusticia sistémica, y si se considera que las élites han diseñado ese sistema para favorecerse a sí mismas, es posible que la ira pública hacia el presidente, que fue destituido de su cargo y encarcelado, tenga más sentido.

Esto también puede ayudar a darle sentido a los últimos dos meses de encuestas sobre la candidatura de Trump, que ha visto caer su apoyo incluso entre sus principales partidarios que lo respaldaron incluso durante los días más mortíferos de la primavera y el verano. Muchos de esos acérrimos simpatizantes son estadounidenses blancos mayores que, incluso en zonas con bajos niveles de cumplimiento del distanciamiento social, tienen menos espacio para evitar las medidas de seguridad que Trump y su Casa Blanca desafían de manera tan alegre.

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Este artículo fue escrito por Maira Pereira, sociólogo, estratega política y corporativa y editora política. Escribe para medios digitales con enfoque millennial como Cultura Colectiva y Revista Young. Puedes seguirla en redes sociales como @mairapereiram o contactarla por e-mail a: maira.pereiram@gmail.com
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